La ofensiva militar ha provocado una crisis diplomática.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó la suspensión del intercambio de inteligencia con agencias de seguridad estadounidenses mientras continúen los ataques, calificándolos como "asesinatos". De manera similar, el Reino Unido, un aliado clave, también suspendió el intercambio de información de inteligencia para no ser cómplice de lo que considera operaciones ilegales. A pesar de la condena internacional, el Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que los ataques son "legales" y consistentes con las leyes de conflicto armado, asegurando que el personal militar no puede ser procesado por seguir órdenes lícitas.