Los migrantes fueron recluidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel para pandilleros. El informe, titulado "Llegaron al infierno", documenta que los abusos no fueron incidentes aislados, sino "violaciones sistemáticas de derechos humanos".

Los detenidos permanecieron en un "régimen de incomunicación", con alimentación inadecuada y condiciones precarias de higiene. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, declaró que "el gobierno de Trump es cómplice de la tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves". La investigación, basada en entrevistas con 40 de los venezolanos detenidos, reveló que los guardias penitenciarios y la policía antidisturbios los golpeaban con regularidad. Tres venezolanos relataron haber sido víctimas de "violencia sexual", y uno de ellos narró que cuatro guardias abusaron de él. HRW y Cristosal acusan a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador de incurrir en el delito de "desaparición forzada" al negarse a revelar información sobre el paradero de los detenidos. Además, el informe concluye que aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían sentencias judiciales y solo el 3% había sido condenado por un delito violento en Estados Unidos.

Al menos 62 de ellos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo estaban en trámite.