Los solicitantes deberán demostrar que poseen los recursos financieros o un seguro privado suficiente para cubrir dichos costos.

Críticos, como la organización 1800 Migrante, han calificado la política como "profundamente discriminatoria" y sin fundamento médico, advirtiendo que podría afectar desproporcionadamente a solicitantes latinoamericanos, donde la prevalencia de estas enfermedades es alta.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió la medida afirmando que el gobierno "está poniendo los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar" y garantizando que el sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente.