La medida, justificada como una operación contra el narcotráfico, ha sido calificada por Venezuela como una "amenaza imperial", elevando la tensión bilateral a un nuevo nivel.

El Pentágono informó que el grupo de ataque del portaaviones, que incluye más de 4,000 marineros y decenas de aeronaves, se unió al área de responsabilidad del Comando Sur. Este despliegue se suma a una fuerza ya considerable que incluye ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones de combate F-35.

Según el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la misión busca "reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar y derrotar actividades ilícitas que amenazan la seguridad nacional y la del Hemisferio Occidental". La llegada del portaaviones coincide con una serie de ataques letales contra presuntas "narcolanchas", que han dejado al menos 76 muertos desde septiembre y han sido condenados por la ONU y varios países latinoamericanos.

En respuesta al despliegue estadounidense, el gobierno de Nicolás Maduro ordenó la movilización de 200,000 efectivos militares en todo el territorio venezolano, incluyendo unidades terrestres, aéreas, navales y sistemas de misiles. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la maniobra como una preparación ante las "amenazas" de Estados Unidos. La crisis ha tenido repercusiones diplomáticas: Colombia y el Reino Unido suspendieron el intercambio de información de inteligencia con Washington, al considerar los ataques ilegales y no querer ser cómplices de ellos.