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La confrontación política entre el gobierno federal y California escaló después de que los votantes del estado aprobaran por amplia mayoría la Proposición 50 el 4 de noviembre. Este plan, impulsado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, contempla una redistribución temporal de los distritos electorales que se prevé beneficiaría al Partido Demócrata con cinco escaños adicionales en el Congreso de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. El Departamento de Justicia alega que la Legislatura de California creó el nuevo mapa priorizando consideraciones raciales, específicamente a favor de la población latina, lo que contravendría la Cláusula de Igualdad de Protección de la Constitución. La fiscal general, Pam Bondi, calificó el plan como un "descarado intento de acaparar poder, que pisotea los derechos civiles y ridiculiza el proceso democrático".

La demanda de Washington se interpreta como una respuesta directa a una estrategia similar del Partido Republicano en Texas, donde buscan asegurar escaños adicionales mediante su propia redistribución. Este enfrentamiento entre los dos estados más poblados del país podría ser decisivo para el control de la Cámara de Representantes en 2026. El conflicto también posiciona a Newsom como una figura importante de la oposición demócrata frente a Trump, profundizando la polarización a nivel nacional.