La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, busca evitar que los inmigrantes se conviertan en una "carga pública" para el sistema sanitario y los contribuyentes estadounidenses. Según un memorándum enviado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a principios de noviembre, los funcionarios consulares deberán evaluar si los solicitantes de residencia permanente o visas temporales como la H-1B padecen condiciones que podrían implicar tratamientos costosos o atención prolongada.

La directriz menciona explícitamente enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, trastornos metabólicos o mentales.

La obesidad también fue incluida, ya que, según el documento, puede generar complicaciones como hipertensión o depresión clínica.

Los oficiales deberán valorar si el solicitante posee los recursos suficientes para costear sus tratamientos "durante su vida útil esperada, sin depender de asistencia pública".

Además, se instruye a analizar si la persona tiene a su cargo familiares con "discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales" que puedan limitar su capacidad para trabajar. La Casa Blanca defiende la política, afirmando que da cumplimiento a la ley migratoria vigente y que busca "garantizar que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente". El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, declaró que "el gobierno de Trump prioriza los intereses del pueblo estadounidense". Sin embargo, abogados y analistas de inmigración han advertido que la medida otorga una amplia discreción a los funcionarios consulares, quienes carecen de formación médica, y podría abrir la puerta a decisiones subjetivas y discriminatorias.