Estas acciones han provocado temor en las comunidades y han sido objeto de desafíos legales que cuestionan su legalidad.

El presidente Donald Trump ha defendido el despliegue de agentes de inmigración y militares en bastiones demócratas, asegurando que los operativos son necesarios para combatir el crimen. En Charlotte, Carolina del Norte, se preparó un operativo a gran escala con agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según confirmó un jefe de policía local.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, se negó a discutir "operaciones futuras o potenciales", pero afirmó que el departamento hace cumplir las leyes a diario en todo el país. En Chicago, la "Operación Midway Blitz" resultó en miles de arrestos, pero enfrentó un revés judicial significativo. Un juez federal, Jeffrey Cummings, ordenó la liberación bajo fianza de cientos de inmigrantes detenidos, dictaminando que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó el "Acuerdo Castañón Nava" al realizar arrestos sin órdenes judiciales. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó la demanda, argumentando que los arrestos eran ilegales. La orden del juez exige la liberación de aquellos que no representan un riesgo para la seguridad.

Paralelamente, han surgido denuncias sobre las condiciones en los centros de detención. Una demanda presentada por la ACLU en California alega "condiciones inhumanas" en el Centro de Detención de California City, incluyendo alojamientos insalubres, escasez de alimentos y agua, y castigos injustificados.