Para ello, ha desplegado un contingente militar sin precedentes en la región, que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, destructores, aviones F-35 y miles de soldados. Desde septiembre, se han ejecutado al menos 20 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, resultando en la muerte de aproximadamente 80 personas. La Casa Blanca basa la legalidad de estas acciones en un memorando secreto del Departamento de Justicia que, según reportes, considera que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles.

El presidente Trump ha mantenido una postura ambigua, declarando a la prensa: "Ya me decidí.

No puedo decirles qué será".

En respuesta, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado el despliegue como una amenaza a su soberanía y ha llamado al pueblo estadounidense a "detener la mano enloquecida de quien ordena bombardear". Venezuela ha movilizado a 200,000 efectivos militares en preparación para una posible agresión. La comunidad internacional ha reaccionado con cautela; Rusia advirtió a Estados Unidos no usar la operación como pretexto para "desestabilizar la situación en torno a Venezuela", mientras que Cuba acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, de mentir para justificar la presencia militar. La situación también tensó las relaciones con Colombia, cuyo presidente inicialmente suspendió la cooperación de inteligencia con Washington.