Una nueva directriz del Departamento de Estado, enviada por el secretario Marco Rubio, amplía los controles médicos más allá de las enfermedades contagiosas para incluir una gama de afecciones crónicas. Según el memorando, los funcionarios consulares deben considerar si los solicitantes padecen condiciones como "enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales", ya que podrían requerir "atención médica por valor de cientos de miles de dólares".

La obesidad también se menciona explícitamente como un factor, al poder generar complicaciones costosas.

Además, se instruye a evaluar si el solicitante tiene a su cargo personas con "discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales" que puedan limitar su capacidad para trabajar.

La Casa Blanca defiende la medida como una aplicación de la ley de "carga pública" para proteger al contribuyente estadounidense. Sin embargo, abogados y organizaciones de inmigración advierten que la política es peligrosa y discriminatoria, ya que otorga a funcionarios sin formación médica la potestad de realizar proyecciones de salud y financieras a largo plazo, lo que podría basarse en prejuicios y afectar desproporcionadamente a ciertos grupos de solicitantes.