La administración Trump ha escalado su presencia militar en el Caribe a través de la "Operación Lanza del Sur", un despliegue sin precedentes en décadas que ha elevado drásticamente la tensión con Venezuela y Colombia. La misión, justificada por Washington como una ofensiva contra el "narcoterrorismo", ha incluido el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y ha resultado en ataques letales contra embarcaciones sospechosas. Desde agosto, las fuerzas armadas estadounidenses han ejecutado al menos 20 ataques contra presuntas "narcolanchas" en el Caribe y el Pacífico, causando la muerte de al menos 80 personas. La justificación legal de estos operativos, calificados por la ONU y el presidente colombiano Gustavo Petro como "ejecuciones extrajudiciales", es controvertida. Un memorando secreto del Departamento de Justicia, según reportes, se basa en la premisa de que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con los cárteles, una idea derivada de las propias declaraciones del presidente Trump. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció la operación afirmando que su objetivo es "eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio".
En respuesta, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado un plan para derrocarlo, ha movilizado a 200,000 efectivos militares y ha hecho un llamado al pueblo estadounidense para que detenga "la mano enloquecida de quien ordena bombardear".
La situación se ha complicado aún más con las declaraciones de Trump, quien afirmó haber "tomado una decisión" sobre Venezuela, aunque se negó a revelar los detalles, manteniendo una ambigüedad estratégica mientras su gabinete evalúa "una serie de opciones" militares.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió las acciones, declarando que Estados Unidos tiene "todo el derecho a operar en su hemisferio".
En resumenLa Operación Lanza del Sur representa una escalada militar significativa de la administración Trump en Latinoamérica, justificada como una lucha antidrogas pero percibida por actores regionales e internacionales como una violación del derecho internacional y una amenaza directa a la soberanía de Venezuela. La ambigüedad sobre las intenciones finales de Trump y los ataques letales ya ejecutados mantienen a la región en un estado de máxima alerta.