Estas acciones, justificadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como necesarias para "eliminar las amenazas a la seguridad pública" en ciudades santuario, han generado un fuerte rechazo de autoridades locales y organizaciones civiles. En Charlotte, el "Operativo Telaraña" implicó el despliegue de agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), provocando detenciones en múltiples zonas de la ciudad. La alcaldesa Vi Lyles criticó las acciones por causar "miedo e incertidumbre innecesarios", mientras que el DHS, a través de su vocera Tricia McLaughlin, defendió el operativo argumentando que el presidente Trump "está dando un paso al frente para proteger a los estadunidenses cuando los políticos (de ciudades) santuario no lo hacen".

Sin embargo, esta justificación ha sido cuestionada.

En Chicago, durante la "Operación Midway Blitz", un juez federal ordenó la liberación bajo fianza de 615 inmigrantes detenidos, tras determinar que la mayoría de los arrestos se realizaron sin orden judicial ni causa probable. Datos del propio gobierno revelaron que de los más de 600 detenidos, solo el 2.6% (16 personas) tenía antecedentes penales de "alto riesgo". A pesar de esto, Gregory Bovino, jefe de CBP, amenazó con intensificar los operativos, declarando: "Si libera a esos 650 (sic), vamos a detener a mil 650 en las calles de Chicago". La Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. también condenó la ofensiva, oponiéndose a la "deportación masiva e indiscriminada".