Según un cable del Departamento de Estado enviado a principios de noviembre y liderado por el secretario Marco Rubio, los funcionarios consulares ahora deben evaluar si la salud de un solicitante podría requerir "atención costosa y prolongada". La directriz amplía los controles médicos más allá de las enfermedades contagiosas, que eran el foco tradicional.

El memorándum especifica que condiciones como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer y trastornos mentales deben ser tenidas en cuenta.

Además, se instruye a los oficiales a considerar si el solicitante tiene a su cargo personas con "discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales" que pudieran impedirle trabajar. La Casa Blanca defiende la medida, afirmando que el gobierno de Trump "prioriza los intereses del pueblo estadounidense" y busca asegurar que el sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente. La nueva política aplicará a quienes buscan residencia permanente y a ciertos visados temporales como el H-1B, pero no a visitantes de corta duración. Críticos y abogados de inmigración han calificado la medida como discriminatoria, advirtiendo que podría penalizar injustamente a personas con condiciones de salud comunes y dar lugar a decisiones basadas en prejuicios por parte de personal sin formación médica.