Desde septiembre, las fuerzas armadas estadounidenses han realizado al menos 21 ataques en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, destruyendo embarcaciones y matando a sus tripulantes, a quienes califican de "narcoterroristas".

Sin embargo, el gobierno no ha presentado pruebas públicas que confirmen que los fallecidos fueran narcotraficantes o que los barcos transportaran drogas.

Esta estrategia representa un cambio radical respecto a la política tradicional de interceptación y arresto por parte de la Guardia Costera. La justificación legal de Washington, según un memorando secreto del Departamento de Justicia reportado por The New York Times, se basa en la premisa de que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles, una idea derivada de las propias declaraciones del presidente Trump. Esta postura ha sido duramente criticada por organismos como la ONU, cuyo Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, señaló que existen "fuertes indicios" de que se trata de "ejecuciones extrajudiciales" que violan el derecho internacional. Gobiernos como los de Colombia, Venezuela y Rusia también han denunciado las acciones, calificándolas de agresión y asesinatos.