Corte Suprema de EE. UU. revisará política de asilo de Trump en la frontera

La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la legalidad de la política conocida como “metering” o “medición”, implementada por la administración Trump para restringir el acceso de solicitantes de asilo en la frontera con México. La decisión del máximo tribunal podría sentar un precedente clave sobre las facultades del poder ejecutivo para gestionar los flujos migratorios en los puntos de entrada. La política de “metering” permitía a los funcionarios de inmigración limitar el número de personas que podían presentar una solicitud de asilo cada día, obligando a miles a esperar en condiciones precarias y peligrosas en el lado mexicano de la frontera. Un tribunal de apelaciones del Noveno Circuito había dictaminado previamente que esta práctica era ilegal, argumentando que la ley federal exige que las autoridades inspeccionen a todo extranjero que “llega a Estados Unidos” para solicitar asilo, independientemente del lado de la frontera en que se encuentre físicamente. El gobierno de Trump apeló esta decisión, sosteniendo que la política es una “herramienta vital para gestionar los flujos en la frontera y prevenir la saturación de los puntos de entrada”.

En su recurso, el procurador general, John Sauer, afirmó que “un extranjero no ‘llega a’ Estados Unidos mientras todavía está en México”. Aunque la política fue rescindida por la administración de Joe Biden, el gobierno de Trump ha manifestado su interés en reanudarla, lo que hace que el fallo de la Corte Suprema sea crucial para el futuro de la política de asilo. La organización de derechos de los inmigrantes Al Otro Lado, que presentó la demanda original, celebró la intervención de la Corte, destacando que la política había dejado a “familias, niños y adultos vulnerables” atrapados en condiciones peligrosas.

En resumen

La Corte Suprema de EE. UU. examinará la controvertida política de “medición” de la era Trump, que limitaba el acceso de solicitantes de asilo en la frontera. El fallo determinará el alcance de la autoridad del gobierno federal para restringir el procesamiento de solicitudes de asilo en los puertos de entrada, un tema central en la política migratoria del país.