La ley ordena a la fiscal general, Pam Bondi, divulgar todo el material no clasificado, que incluye registros de vuelos, correos electrónicos, interrogatorios del FBI y otros documentos que suman unas 100,000 páginas o 300 gigabytes de datos. No obstante, la misma legislación permite al Departamento de Justicia retener o censurar información que identifique a las víctimas, contenga material de abuso infantil o ponga en peligro investigaciones federales en curso.

Esta última excepción ha generado escepticismo, ya que Trump instruyó recientemente a Bondi a abrir una investigación sobre los vínculos de Epstein con sus opositores políticos, lo que, según críticos como la congresista Marjorie Taylor Greene, podría ser una "cortina de humo" para mantener ocultos ciertos documentos. Las víctimas y sobrevivientes del caso celebraron la medida como una victoria, afirmando que ahora el miedo cambia de bando.