Estas acciones, que han causado más de 80 muertes desde septiembre, han generado controversia y acusaciones de constituir ejecuciones extrajudiciales.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha confirmado la realización de al menos 21 ataques contra lanchas rápidas, calificando a los fallecidos como "narcoterroristas".

Sin embargo, las operaciones han enfrentado críticas internas.

Según NBC News, el principal abogado militar del SOUTHCOM, el coronel Paul Meagher, advirtió que estos ataques podrían ser ilegales y constituir ejecuciones extrajudiciales, pero sus objeciones fueron ignoradas por altos funcionarios. El Pentágono, por su parte, ha negado la existencia de tales objeciones, afirmando que las operaciones son "legales conforme al derecho estadounidense e internacional".

La ofensiva se justifica bajo el argumento de que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles. Esta campaña militar ha elevado la tensión con países de la región, especialmente con Venezuela, cuyo gobierno denuncia que el despliegue es un pretexto para una intervención. El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha criticado los operativos, afirmando que "no hace falta matar al lanchero; basta con detenerlo".