La medida, que podría entrar en vigor a partir de 2026, reclasificará estos beneficios como “prestaciones públicas federales”, limitando el acceso a ellos solo a inmigrantes con un estatus “calificado”. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que el objetivo es “hacer cumplir la ley y evitar que inmigrantes indocumentados accedan a beneficios fiscales destinados a ciudadanos estadounidenses”. La nueva normativa afectará las partes reembolsadas de créditos relacionados con el trabajo, los hijos, la educación y el ahorro para el retiro. Expertos fiscales señalan que los principales afectados serían los beneficiarios de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y aquellos con Estatus de Protección Temporal (TPS). La medida se basa en una reinterpretación de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996, solicitada por el Tesoro al Departamento de Justicia. Críticos, como Daniel Costa del Instituto de Política Económica, califican la idea de “terrible e injusta”, argumentando que niega beneficios a personas que han pagado impuestos y que la medida ampliará la “red de deportaciones” del gobierno. Otros expertos señalan que la propuesta anula disposiciones claras del código tributario y que un cambio de esta magnitud requeriría una acción explícita del Congreso, donde probablemente no contaría con apoyo mayoritario.