Según el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, "nuevas ideologías destructivas han dado refugio a violaciones de derechos humanos". Las nuevas directrices instruyen a las embajadas a reportar sobre subvenciones estatales para abortos, el número total de interrupciones del embarazo, y políticas de "afirmación de la diversidad, la equidad y la inclusión" que promuevan discriminación positiva. También se deberá informar sobre cualquier intento de "coaccionar a las personas" para cometer eutanasia y los procesos de cambio de sexo en menores, que el Departamento califica como "mutilación química o quirúrgica". Además, se vigilarán las violaciones a la libertad de expresión y religiosa, con énfasis en el antisemitismo, y las prácticas que faciliten la "migración masiva o ilegal". Este cambio de enfoque ya se reflejó en el último informe de derechos humanos publicado en agosto, que omitió secciones dedicadas a los derechos del colectivo LGTBI y a la corrupción. Críticos, como Human Rights First y Amnistía Internacional, han condenado las nuevas normas, argumentando que marcan "un nuevo mínimo en la instrumentalización de los derechos humanos internacionales" y transmiten que EE.UU. ya no cree en el sistema de derechos humanos que ayudó a construir.