La designación, oficializada a través del Registro Federal, otorga a la administración Trump “herramientas adicionales para aumentar la presión” sobre el gobierno venezolano. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, existen pruebas suficientes para determinar que el grupo, presuntamente liderado por Nicolás Maduro y altos mandos militares, participa en “actividades terroristas” que amenazan la seguridad de Estados Unidos. Esta acción coincide con la “Operación Lanza del Sur”, un despliegue militar en el Caribe que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford, más de una docena de buques de guerra y unos 15,000 efectivos. Washington justifica la operación como un esfuerzo antinarcóticos que ha resultado en la destrucción de una veintena de embarcaciones y la muerte de 83 ocupantes, acciones que Caracas califica como “ejecuciones extrajudiciales”. El gobierno venezolano ha rechazado enérgicamente la existencia del cártel, calificando la designación como una “ridícula patraña” y un “invento” para justificar una intervención. La vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro Diosdado Cabello denunciaron una campaña para fabricar excusas.

En medio de la escalada, reportes de Axios indican que Trump planea sostener una llamada telefónica con Maduro, aunque la fecha está “en fase de planificación”.

Un funcionario aseguró que, por ahora, “nadie planea entrar y dispararle o secuestrarlo”.

Esta dualidad de amenaza militar y apertura al diálogo define la nueva y compleja fase de la política estadounidense hacia Venezuela.