La administración Trump sufrió un significativo revés legal después de que una jueza federal desestimara los casos penales contra dos de sus opositores políticos de alto perfil, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. El fallo determinó que la fiscal designada para llevar los casos fue nombrada de manera ilegal, invalidando así las acusaciones. La jueza Cameron Currie, de Virginia, dictaminó que la fiscal interina Lindsey Halligan, exabogada personal de Trump, “no tenía autoridad legal” para presentar las acusaciones, ya que su nombramiento no siguió los procedimientos legales establecidos. Halligan había sido designada por la fiscal general Pam Bondi después de que el fiscal anterior, Erik Siebert, renunciara supuestamente por presiones para presentar cargos contra Comey y James a pesar de la falta de pruebas suficientes. Comey enfrentaba cargos por presuntamente hacer declaraciones falsas al Congreso, mientras que James fue acusada de fraude bancario.
Ambos casos fueron percibidos por muchos como parte de una “campaña de represalia del presidente contra sus oponentes políticos”. La jueza desestimó los casos “sin perjuicio”, lo que teóricamente permite al Departamento de Justicia volver a presentarlos con un fiscal debidamente nombrado, aunque el plazo de prescripción podría ser un obstáculo.
Tras el fallo, Comey celebró la decisión en sus redes sociales, afirmando que el caso estaba “basado en malevolencia e incompetencia” y advirtió que “Donald Trump probablemente venga a por mí otra vez”.
En resumenLa desestimación de los cargos contra Comey y James por el nombramiento ilegal de la fiscal representa un importante fracaso para los intentos de la administración Trump de enjuiciar a sus adversarios políticos. El fallo subraya las preocupaciones sobre la instrumentalización del Departamento de Justicia y establece un precedente sobre la legalidad de los nombramientos interinos para fines de persecución penal.