La decisión representa un duro revés para los intentos de la administración de enjuiciar a figuras que han investigado o criticado al mandatario. La jueza Cameron McGowan Currie dictaminó que la fiscal designada por Trump para llevar los casos, Lindsey Halligan, fue nombrada de manera ilegal, lo que invalida las acusaciones. Comey enfrentaba cargos por presuntamente hacer declaraciones falsas al Congreso, mientras que James fue acusada de fraude bancario.

Ambos calificaron los procesos como una venganza política impulsada por Trump.

La jueza Currie determinó que Halligan “no tenía autoridad legal” para presentar las acusaciones, ya que su nombramiento como fiscal interina no siguió los procedimientos legales establecidos. El nombramiento de Halligan, exabogada personal de Trump y sin experiencia como fiscal, se produjo después de que su predecesor, Erik Siebert, renunciara presuntamente por presiones para presentar cargos contra Comey y James a pesar de la falta de pruebas suficientes. Aunque la jueza desestimó los casos “sin perjuicio”, lo que permite al Departamento de Justicia volver a presentarlos, la decisión cuestiona la legalidad de las acciones del gobierno. Comey celebró el fallo, afirmando que el caso estaba “basado en malevolencia e incompetencia” y que era un intento de Trump de “usar el Departamento de Justicia para atacar a sus enemigos políticos”.