La reacción presidencial desencadenó acciones por parte del Pentágono y el FBI, que han iniciado investigaciones contra los congresistas.

La controversia involucra a los senadores Mark Kelly y Elissa Slotkin, y a los representantes Jason Crow, Chrissy Houlahan, Chris Deluzio y Maggie Goodlander, todos con experiencia militar o en inteligencia.

Su video, difundido el 18 de noviembre, advertía que “las amenazas a nuestra Constitución no solo vienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de casa”, en un contexto de preocupación por el despliegue de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses y los ataques a presuntas “narcolanchas” en el Caribe. Trump respondió en su red Truth Social, calificando a los legisladores de “traidores” y pidiendo su arresto.

En respuesta a las declaraciones del presidente, el Pentágono anunció una investigación sobre el senador Mark Kelly, un capitán retirado de la Marina, amenazando con llamarlo al servicio activo para un posible consejo de guerra por violar la ley militar.

Por su parte, el FBI solicitó entrevistas con los seis legisladores implicados.

Los demócratas han calificado estas acciones como una “táctica de intimidación” y una politización de las agencias federales. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, acusó a Trump de usar el Pentágono “como su perro de ataque personal”, mientras que los legisladores afectados aseguraron que ninguna amenaza los disuadirá de su “sagrada obligación” de defender la Constitución.