En una medida consecuente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) suspendió por tiempo indefinido el procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos. El FBI, por su parte, confirmó que la investigación se desarrolla como un posible caso de terrorismo. Este incidente reavivó la disputa política sobre la presencia militar en Washington, la cual había sido declarada ilegal por un tribunal federal que ordenó su retiro antes del 11 de diciembre, fallo que la administración Trump apeló de emergencia tras el ataque.