Inmediatamente, el presidente Trump culpó a las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden, y desató una serie de acciones ejecutivas. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió todas las decisiones sobre asilo, una medida que afecta a 2.4 millones de personas en espera. Adicionalmente, el Departamento de Estado detuvo la emisión de visas para pasaportes afganos. La Casa Blanca también ordenó una "revisión rigurosa" de las tarjetas de residencia permanente ('green cards') de ciudadanos de 19 países considerados "de preocupación", entre ellos Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

En sus declaraciones, Trump prometió "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", poner fin a todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos, e incluso "desnaturalizar a los migrantes que socaven la tranquilidad interna". En línea con estas directrices, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que se trabajará para recortar los beneficios fiscales para indocumentados y se elevará la revisión de las remesas, pidiendo a las empresas de envío de dinero reportar actividades sospechosas que involucren al menos 2,000 dólares. Este conjunto de políticas representa una de las ofensivas antimigratorias más severas de su presidencia, utilizando un incidente de seguridad como justificación para una reestructuración radical del sistema migratorio.