La campaña militar, que ha dejado más de 80 muertos, es defendida por el gobierno como legal, pero ha sido calificada por críticos como "ejecuciones extrajudiciales". Según reportes de The Washington Post y CNN, que citan fuentes anónimas con conocimiento de la operación, un ataque específico ocurrido el 2 de septiembre frente a la costa de Trinidad incluyó un segundo disparo de misil contra una embarcación en llamas con el objetivo de aniquilar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos. Dicha acción se habría ejecutado para cumplir con las instrucciones de Hegseth.

Tras la publicación, el secretario de Defensa calificó las noticias como falsas e "inventadas", defendiendo las operaciones en la red social X.

"Estos ataques altamente efectivos están específicamente diseñados para ser 'ataques letales y cinéticos'.

El objetivo declarado es detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que están envenenando al pueblo estadounidense", escribió. El Pentágono ha informado al Congreso que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado" con los cárteles de la droga latinoamericanos, a los que ha designado como "grupos terroristas".

Sin embargo, expertos en derecho internacional y legisladores han cuestionado la legalidad de esta campaña.

Todd Huntley, exabogado militar, declaró al Post que una orden de "no mostrar cuartel" constituiría un crimen de guerra.

La ONU también ha expresado su preocupación, pidiendo a Estados Unidos detener estos ataques.

A pesar de las afirmaciones del gobierno, se ha presentado poca evidencia pública que confirme que las embarcaciones destruidas transportaban drogas.