Como resultado, se llevarán a cabo nuevas entrevistas a todos los refugiados de ese período para reevaluar su elegibilidad. Si la agencia determina que una persona no cumplía con los criterios para ser admitida, su estatus de refugiado podría ser terminado sin derecho a apelación, a menos que el caso llegue a un tribunal de inmigración a través de un proceso de deportación. La orden ha generado temor e incertidumbre entre los refugiados, principalmente de países como la República Democrática del Congo, Afganistán, Venezuela y Siria. Organizaciones de defensa de refugiados como HIAS e IRAP han calificado la medida como “mal concebida” y “un enorme desperdicio de recursos”, destacando que los refugiados ya se someten a uno de los procesos de verificación más estrictos del sistema migratorio estadounidense. Esta acción se suma a otras políticas restrictivas de la administración Trump, que ya había congelado las admisiones de refugiados y establecido un límite históricamente bajo de 7,500 para el año en curso.