El gobierno sostiene que las operaciones son legales bajo la ley estadounidense e internacional, argumentando que los tripulantes están afiliados a organizaciones terroristas designadas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha sido una figura central en la controversia. Informes de medios como The Washington Post y CNN, citando fuentes anónimas, afirman que en el primer ataque del 2 de septiembre, Hegseth dio la orden verbal de “matar a todos” los tripulantes. Después de que un primer misil dejara a dos sobrevivientes aferrados a los restos, se habría ordenado un segundo ataque para eliminarlos.

Hegseth ha calificado estos informes como “fabricados, inflamatorios y despreciativos”, insistiendo en que la intención es “destruir las narcolanchas y matar a los narcoterroristas”.

Congresistas demócratas han acusado a Hegseth de “homicidio” y “crimen de guerra”, y han solicitado una investigación. El Comité de Servicios Armados del Senado, con miembros de ambos partidos, también ha pedido una supervisión para esclarecer los hechos.

Expertos legales y legisladores demócratas han calificado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, señalando que violan los Convenios de Ginebra, que protegen a combatientes heridos. Sostienen que, en lugar de ataques letales, las fuerzas del orden deberían arrestar a los sospechosos para obtener inteligencia y desmantelar las redes criminales. A pesar de la publicación de videos de los ataques por parte del Pentágono, el gobierno ha presentado pocas pruebas que vinculen a las embarcaciones destruidas con el narcotráfico.