Esta medida se enmarca en una investigación impulsada por la administración Trump para demostrar la supuesta “inhabilidad” de Biden durante su gobierno. Sin embargo, las consecuencias jurídicas de este anuncio no están claras, y expertos como Ed Whelan han señalado que, si bien Trump puede revocar órdenes ejecutivas de su predecesor, no tiene la misma libertad para anular leyes promulgadas o indultos.

El Departamento de Justicia estableció en 2005 que un presidente puede ordenar a un funcionario que coloque su firma en una ley mediante una máquina. Varios presidentes han utilizado estos sistemas, pero la administración Trump insiste en que su uso durante el mandato de Biden fue irregular y sin una “aprobación clara” del entonces mandatario.