Sin embargo, Washington no ha presentado pruebas públicas que confirmen que los barcos transportaban drogas o representaban una amenaza.

La situación escaló cuando The Washington Post y CNN revelaron que, en un ataque el 2 de septiembre, tras un primer impacto de misil, se ordenó un segundo ataque para eliminar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de la lancha. El senador demócrata Tim Kaine declaró que, de ser cierto, el acto “se eleva al nivel de un crimen de guerra”. El gobierno de Trump, por su parte, ha defendido la legalidad de las operaciones.

Hegseth calificó los reportes como “noticias falsas” y describió los ataques como “bombardeos cinéticos letales” dirigidos a “narcoterroristas”. La administración argumenta que está en un “conflicto armado” formal con los cárteles, a los que ha designado como organizaciones terroristas, lo que, a su juicio, legitima el uso de la fuerza letal.

No obstante, esta justificación es cuestionada por expertos legales y congresistas, quienes señalan que las operaciones parecen ejecuciones extrajudiciales y carecen de autorización del Congreso.