A raíz de un ataque armado contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C., perpetrado por un ciudadano afgano, la administración Trump ha implementado un drástico endurecimiento de sus políticas migratorias. Las medidas incluyen la suspensión inmediata de todas las decisiones sobre solicitudes de asilo y una revisión exhaustiva de las tarjetas de residencia ('green cards') de ciudadanos de 19 países considerados “de preocupación”. El presidente Donald Trump aprovechó el incidente para intensificar su discurso antiinmigración, prometiendo en sus redes sociales “pausar permanentemente la migración de todos los países del tercer mundo”. En respuesta directa al ataque, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, anunció que el organismo “ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible”.
Esta medida afecta a casi 1.5 millones de solicitudes pendientes.
Además, el Departamento de Estado pausó la emisión de visas para personas con pasaportes afganos. La Casa Blanca también ordenó una “revisión rigurosa” de las residencias permanentes otorgadas a ciudadanos de 19 naciones, entre las que se encuentran Afganistán, Cuba, Venezuela, Haití e Irán, lo que podría afectar a más de 1.6 millones de personas. Trump culpó a las políticas de su predecesor, Joe Biden, por el ingreso del atacante, a pesar de que su asilo fue aprobado durante la actual administración. Estas acciones marcan un giro radical hacia una política de “migración inversa”, como la describió Trump, que busca limitar drásticamente la llegada de extranjeros y reevaluar el estatus de quienes ya residen en el país.
En resumenTras un tiroteo en Washington D.C. por parte de un ciudadano afgano, el gobierno de Trump suspendió todas las decisiones de asilo y ordenó la revisión de 'green cards' de 19 nacionalidades. Estas medidas, junto a la promesa de pausar la migración de “países del tercer mundo”, representan un endurecimiento significativo de la política migratoria estadounidense, justificado por la administración como una acción necesaria para la seguridad nacional.