Esta alerta provocó que al menos seis aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia, TAP y Avianca, suspendieran sus vuelos a Venezuela.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro revocó sus permisos de operación, acusándolas de sumarse a “acciones de terrorismo de Estado”. El gobierno venezolano condenó la declaración de Trump como una “amenaza colonialista” y un “acto hostil, unilateral y arbitrario” que viola el derecho internacional. El canciller Yván Gil afirmó que la medida también implicó la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se sumó a la condena, mientras que líderes demócratas en EE.UU., como Chuck Schumer, acusaron a Trump de empujar al país hacia una guerra sin la autorización del Congreso.