La advertencia, difundida a través de la red social Truth Social, fue dirigida a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas”, elevando la confrontación diplomática a un nuevo nivel. La declaración de Trump se produjo en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en el Caribe. Previamente, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.

UU. había emitido una alerta instando a “extremar la precaución” al sobrevolar la zona debido a una “situación potencialmente peligrosa”.

Como consecuencia, al menos seis aerolíneas internacionales, entre ellas Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, GOL y Turkish Airlines, suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela.

En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro revocó los permisos de operación de estas compañías, acusándolas de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos”. El gobierno venezolano denunció la medida ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), calificándola de “amenaza colonialista” y una violación a su soberanía. A pesar de la tensión, aerolíneas como la panameña Copa y las colombianas Wingo y Satena han mantenido sus operaciones.

El cierre de facto del espacio aéreo también ha afectado los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde Estados Unidos, que según Caracas, han sido suspendidos unilateralmente por Washington.