El ataque, perpetrado por Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano que colaboró con la CIA y llegó a EE.

UU. en 2021, provocó una reacción inmediata del presidente.

Trump prometió “suspender de forma permanente la migración de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo”. En consecuencia, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph Edlow, anunció la suspensión de todas las decisiones de asilo “hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea inspeccionado y verificado al máximo nivel posible”.

Esta medida afecta a casi 1.5 millones de solicitudes pendientes.

Además, el Departamento de Estado pausó la emisión de visas para personas con pasaporte afgano. La administración también ordenó una “revisión rigurosa” de las tarjetas de residencia ('green cards') otorgadas a ciudadanos de 19 países ya sujetos a restricciones de viaje, entre ellos Afganistán, Cuba, Haití y Venezuela. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue más allá, recomendando a Trump “una prohibición total de viajes para cada maldito país que ha inundado nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos que se creen con derecho a todo”.

Estas acciones han sido calificadas por defensores de derechos humanos como un “castigo colectivo” que aprovecha un incidente aislado para justificar políticas restrictivas previamente planeadas.