La ofensiva, denominada ‘Lanza del Sur’, ha incluido al menos 22 ataques desde septiembre.

El caso más polémico ocurrió el 2 de septiembre, cuando, según reportes, fuerzas estadounidenses lanzaron un segundo misil para eliminar a dos sobrevivientes de un bombardeo inicial. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha defendido la legalidad de las operaciones, afirmando que los ataques son “cinéticos letales” y que cada objetivo está afiliado a una “Organización Terrorista Designada”. La Casa Blanca respaldó esta postura, responsabilizando al almirante Frank Bradley de la orden del segundo ataque y asegurando que actuó “dentro de su autoridad y conforme a la ley”. Sin embargo, legisladores de ambos partidos en el Congreso han iniciado investigaciones, sugiriendo que atacar a náufragos o individuos fuera de combate podría violar las leyes de guerra. El almirante Bradley negó haber recibido una orden de “matar a todos”, pero el incidente ha provocado que la familia de un pescador colombiano fallecido en otro ataque presente una denuncia contra Estados Unidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una posible “ejecución extrajudicial”. La falta de evidencia pública sobre la carga de las embarcaciones ha alimentado las dudas sobre la justificación de los ataques.