Hegseth lanzó una advertencia directa: "Si trabajas para una organización terrorista designada y traes drogas a este país en un barco, te encontraremos y te hundiremos".

La controversia escaló tras el ataque del 2 de septiembre, donde informes de prensa indicaron que se ordenó un segundo bombardeo para matar a los sobrevivientes del primer impacto. Este hecho provocó que legisladores de ambos partidos sugirieran que podría constituir un "crimen de guerra" y solicitaran investigaciones formales.

Aunque el almirante Frank Bradley negó haber recibido una orden de "matar a todos", el incidente está bajo profundo escrutinio.

Venezuela, por su parte, ha denunciado los ataques como "ejecuciones extrajudiciales" y una amenaza a su soberanía, movilizando a sus fuerzas armadas.

La familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando a Estados Unidos de ejecución extrajudicial.