Estas políticas, justificadas por motivos de seguridad nacional, han generado incertidumbre y temor en las comunidades migrantes, afectando tanto a quienes buscan ingresar al país como a quienes ya residen en él.

Tras un ataque a tiros en Washington D.C.

por parte de un ciudadano afgano, el gobierno suspendió el procesamiento de solicitudes de ciudadanía y residencia para migrantes de 19 países considerados de "alto riesgo", entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. La medida dejó en el limbo a miles de solicitantes, incluyendo a personas que ya habían aprobado su examen de ciudadanía y esperaban su ceremonia de naturalización. Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) redujo la vigencia de los permisos de trabajo (EAD) de cinco años a 18 meses para categorías que incluyen solicitantes de asilo y beneficiarios de DACA, con el objetivo de realizar revisiones de elegibilidad más frecuentes. En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció planes para ampliar la prohibición de viajes a más de 30 países. Otra medida de gran alcance es la propuesta del presidente para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un derecho consagrado en la Enmienda 14 de la Constitución. La Corte Suprema acordó revisar la constitucionalidad de esta orden ejecutiva que busca negar la ciudadanía a hijos de padres indocumentados o con visas temporales.