Sin embargo, no se han presentado pruebas públicas que confirmen que las embarcaciones transportaban narcóticos o que sus tripulantes fueran “narcoterroristas”. La controversia se intensificó tras revelarse que en un ataque el 2 de septiembre, se ordenó un segundo bombardeo para matar a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de la lancha.

Legisladores demócratas y algunos republicanos han calificado el hecho como una posible ejecución extrajudicial y un crimen de guerra, exigiendo una investigación exhaustiva.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido las operaciones, afirmando que “apenas han comenzado” y que su objetivo es la disuasión. A pesar de la presión, la Casa Blanca ha respaldado al almirante Frank M. Bradley, quien ordenó el segundo ataque, asegurando que actuó “dentro de su autoridad y conforme a la ley”. Gobiernos como el de Venezuela y Colombia, así como Naciones Unidas, han denunciado las acciones como violaciones al derecho internacional y a la soberanía.