La administración Trump ha intensificado drásticamente su política migratoria, impulsando una serie de medidas restrictivas tras un ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington. Las acciones incluyen la suspensión de solicitudes de residencia y ciudadanía para personas de 19 países, la ampliación de la prohibición de viajes a más de 30 naciones y la realización de redadas a gran escala por parte de ICE. En los primeros nueve meses de su gobierno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 220,000 inmigrantes, de los cuales casi 75,000 no tenían antecedentes penales, según datos del ‘Deportation Data Project’. Esta cifra, que representa más de un tercio del total, contradice la narrativa oficial de que las operaciones se centran en “los criminales más violentos”. La mayoría de los detenidos son hombres de México, Guatemala y Honduras. A raíz de un tiroteo perpetrado por un ciudadano afgano, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recomendó una “prohibición total de viajes” para países que, según ella, “inundan” Estados Unidos con “asesinos”. En respuesta, el gobierno suspendió el procesamiento de solicitudes de residencia y ciudadanía para 19 países, incluyendo Cuba, Haití y Venezuela, y anunció planes para ampliar el veto a más de 30 naciones.
Además, se han lanzado operativos como “Catahoula Crunch” en Nueva Orleans, dirigidos a migrantes con historial criminal que supuestamente fueron liberados por “políticas santuario”.
La administración tampoco ha descartado realizar redadas durante la Copa del Mundo de 2026, argumentando la necesidad de garantizar la seguridad nacional.
En resumenLa administración Trump ha implementado un endurecimiento generalizado de su política migratoria, utilizando un reciente ataque como justificación para ampliar las prohibiciones de viaje y suspender procesos de naturalización. Las redadas masivas, que afectan a un gran número de personas sin antecedentes penales, y la retórica de seguridad nacional definen una estrategia que prioriza el control fronterizo y la deportación por encima de otras consideraciones.