La administración Trump ha emprendido una agresiva campaña militar en el Caribe y el Océano Pacífico, realizando ataques contra embarcaciones que, según Washington, transportan drogas para cárteles designados como organizaciones terroristas. Esta ofensiva, que ha resultado en la muerte de al menos 87 personas en 22 ataques conocidos, ha generado un intenso escrutinio en el Congreso estadounidense y condenas internacionales por posibles violaciones al derecho de guerra. El presidente Donald Trump ha justificado la campaña como necesaria para detener el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, afirmando que el país está en un “conflicto armado con narcoterroristas”. Sin embargo, la legalidad de los ataques es cuestionada, especialmente un incidente del 2 de septiembre en el que se lanzó un segundo misil para matar a dos sobrevivientes de un bombardeo inicial.
Legisladores demócratas como Adam Smith y Jim Himes, quienes han visto el video clasificado, describen la acción como “profundamente impactante” y aseguran que los sobrevivientes “apenas estaban con vida, y mucho menos participando en hostilidades”.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido las operaciones, declarando que “apenas hemos comenzado a atacar barcos narco”. Aunque el almirante Frank Bradley negó haber recibido una orden directa de “matar a todos”, reconoció que ordenó el segundo ataque para cumplir con la directiva de Hegseth de hundir el barco y destruir la droga. La Casa Blanca no ha presentado evidencia pública que vincule a las embarcaciones destruidas con cargamentos de narcóticos. La situación ha elevado la tensión con países de la región, particularmente con Venezuela, cuyo gobierno considera la operación un pretexto para un cambio de régimen. La familia de un pescador colombiano fallecido en uno de los ataques ya presentó una denuncia ante la CIDH por ejecución extrajudicial.
En resumenLa campaña de ataques letales de Estados Unidos contra supuestas 'narcolanchas' ha provocado una grave controversia sobre su legalidad y justificación. Mientras la administración Trump la defiende como una lucha contra el 'narcoterrorismo', legisladores y expertos legales advierten sobre posibles crímenes de guerra, especialmente por el ataque a sobrevivientes, aumentando la tensión diplomática en la región.