En junio, la mayoría conservadora del tribunal ya había respaldado a Trump al levantar los bloqueos que tribunales inferiores habían impuesto a la orden, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar la Constitución. Sin embargo, en esa ocasión, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida, sino sobre la jurisdicción de los tribunales inferiores.

Ahora, el alto tribunal escuchará los argumentos de fondo.

El fiscal general, John Sauer, ha argumentado que la concesión de la ciudadanía por nacimiento a hijos de extranjeros en situación irregular “ha perjudicado la integridad territorial de Estados Unidos al crear un fuerte incentivo para la inmigración irregular”.

Por su parte, los detractores, incluyendo expertos legales y defensores de derechos humanos, sostienen que este derecho constitucional no puede ser derogado por una orden presidencial.

Según el Migration Policy Institute, la medida podría afectar a unos 255,000 bebés al año.