Expertos legales y de la ONU han calificado los ataques como “graves violaciones del derecho a la vida” y han pedido que los responsables sean procesados por homicidio. La primera denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya fue presentada por la familia de un pescador colombiano presuntamente fallecido en uno de estos bombardeos.