En respuesta, el presidente Maduro calificó el hecho como un “acto de piratería naval criminal” y un “robo descarado”. La Casa Blanca confirmó que el petróleo será confiscado a través de un proceso legal en Estados Unidos. Esta acción se enmarca en un amplio despliegue militar en el Caribe, con el argumento de luchar contra el narcotráfico, y se complementa con amenazas de Trump sobre futuros “ataques por tierra”.

Paralelamente, Washington impuso nuevas sanciones contra tres sobrinos de Maduro, vinculados a PDVSA y al narcotráfico, así como a seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que la incautación fue un golpe al “régimen socialista de Caracas”. La opositora María Corina Machado, por su parte, agradeció el apoyo de EE.

UU. y calificó las acciones de Trump como “decisivas”.