Al mismo tiempo, han surgido informes que cuestionan el enfoque de estas operaciones. Según datos del ‘Deportation Data Project’ de la Universidad de California en Berkeley, de los 220,000 inmigrantes detenidos por el ICE en los primeros nueve meses del gobierno de Trump, más de 75,000 no contaban con antecedentes penales. Esto representa más de un tercio del total, contradiciendo la narrativa oficial de que las redadas se dirigen a los “criminales más violentos”. La mayoría de los arrestados son hombres de nacionalidad mexicana. Estas políticas han sido criticadas por legisladores demócratas, quienes han pedido la dimisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por considerar que su política de deportaciones masivas está “empeorando la seguridad”.
Endurecimiento de la Política de Deportación y Redadas de ICE
La administración Trump ha intensificado las políticas de control migratorio y deportación, adquiriendo una flota de aviones para este propósito y realizando redadas masivas. Datos recientes revelan que una gran proporción de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tienen antecedentes penales. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) firmó un contrato de casi 140 millones de dólares para la compra de seis aviones Boeing 737, con el objetivo de que el ICE opere su propia flota y aumente la eficacia de las deportaciones masivas, una de las prioridades del segundo mandato de Trump. Esta medida busca, según la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ahorrar 279 millones de dólares a los contribuyentes.



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