La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha defendido las acciones como una respuesta necesaria para detener el flujo de drogas. Sin embargo, la legalidad de estos ataques ha sido cuestionada por expertos en derecho de guerra, grupos de derechos humanos y legisladores de ambos partidos. Un incidente particularmente polémico, ocurrido el 2 de septiembre, involucró un segundo ataque que mató a dos sobrevivientes que se aferraban a los restos de una embarcación previamente bombardeada. Este hecho ha intensificado las demandas de transparencia, con legisladores exigiendo al Pentágono la entrega de videos sin editar de los 22 ataques conocidos y las órdenes de ejecución que los autorizaron.

El almirante Alvin Holsey, quien supervisaba la campaña y cuyo retiro anticipado del Comando Sur ha sido anunciado, ha comparecido ante comités del Senado para responder preguntas.

Mientras algunos republicanos defienden las acciones como legítimas, demócratas como el representante Adam Smith han calificado el video del ataque a sobrevivientes como “muy, muy difícil de justificar”. La controversia ha llevado a que el proyecto de ley de defensa incluya disposiciones para retener parte del presupuesto del secretario de Defensa si no se entrega la información solicitada.