El punto central de la escalada fue la captura del buque petrolero Skipper, que según el presidente Donald Trump fue “el más grande jamás incautado”. La fiscal general Pam Bondi justificó la operación, afirmando que el barco era parte de “una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras” como Hezbolá y la Guardia Revolucionaria de Irán. La Casa Blanca confirmó que el petróleo sería confiscado mediante un proceso legal en Estados Unidos. El gobierno venezolano reaccionó enérgicamente, calificando la acción como un “robo descarado y un acto de piratería internacional”.

El presidente Nicolás Maduro denunció que la tripulación fue “secuestrada” y que EE. UU. inauguró “una nueva era, la era de la piratería naval criminal en el Caribe”. Paralelamente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, a quienes acusa de narcotráfico, así como contra seis compañías navieras que transportan crudo venezolano. Estas medidas se enmarcan en una ofensiva más amplia que incluye un significativo despliegue militar en el Caribe y el Pacífico, denominado operación “Lanza del Sur”, que ha resultado en la destrucción de presuntas narcolanchas y la muerte de más de 80 personas.

Trump ha advertido que las operaciones pronto se extenderán a tierra, declarando: “Y empezaremos a hacerlo también por tierra. Empezará por tierra muy pronto”.