Esta medida se complementa con la designación formal del régimen venezolano como una “organización terrorista extranjera”.

La orden ejecutiva de Trump representa la materialización de una estrategia de máxima presión que busca asfixiar económicamente al gobierno de Maduro. Según el mandatario, Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, y advirtió que la presión militar solo aumentará hasta que Caracas devuelva a Estados Unidos “todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”. La justificación de la Casa Blanca se basa en acusaciones de que el “régimen ilegítimo de Maduro” utiliza los ingresos del petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”. Esta escalada fue precedida por la incautación del buque petrolero ‘Skipper’ en aguas del Caribe, un acto que el gobierno venezolano calificó de “piratería naval” y “robo descarado”. Caracas ha rechazado el bloqueo, calificándolo de “irracional” y una “grotesca amenaza” que viola el derecho internacional al libre comercio y la navegabilidad. La medida ha generado diversas reacciones en la región; mientras el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, expresó su apoyo a una eventual intervención estadounidense, el presidente colombiano, Gustavo Petro, aunque calificó a Maduro de “dictador”, negó que existan evidencias de narcotráfico. La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, sugirió que el objetivo final es un cambio de régimen, al afirmar que el presidente “quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda”.