La orden ejecutiva sostiene que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y acusa a los adversarios de Estados Unidos de traficarlo con la intención de “matar a estadounidenses”. La directiva instruye al Departamento de Justicia a iniciar procesos judiciales más severos y faculta a los Departamentos de Guerra y Justicia a considerar el uso de recursos militares. Esta acción se enmarca en una amplia campaña antinarcóticos que incluye la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y los bombardeos a presuntas “narcolanchas” en el Caribe. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó con cautela, asegurando que su gobierno “va a analizar las implicaciones” de la orden, dado que el fentanilo también tiene usos médicos legales como anestésico. La medida endurece el marco legal y operativo contra el tráfico de esta sustancia y eleva la presión diplomática sobre países como México y China, señalados como puntos clave en la cadena de producción y suministro.