Desde septiembre, bajo la operación denominada “Lanza del Sur”, el Pentágono ha hundido más de 25 presuntas “narcolanchas”, causando la muerte de quienes iban a bordo, a quienes Washington describe como “narcoterroristas”. Esta justificación se vincula con la decisión de Trump de designar a cárteles como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva.

Sin embargo, el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas públicas que confirmen que las víctimas transportaban drogas.

La campaña ha atraído el escrutinio del Congreso de EE. UU., donde legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación y exigen la publicación de videos sin editar de los ataques, especialmente de un incidente en el que se habría atacado a sobrevivientes de un bombardeo inicial. Críticos y expertos legales han calificado estas acciones como ejecuciones extrajudiciales y posibles crímenes de guerra.

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, declaró a Vanity Fair que Trump “quiere seguir haciendo estallar barcos hasta que Maduro se dé por vencido”, lo que sugiere que el objetivo real podría ser un cambio de régimen en Venezuela, en lugar de una simple interdicción de drogas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha sido uno de los críticos más feroces, calificando los ataques de “asesinatos”.