UU. un marco legal para aplicar sanciones más severas y justificar acciones militares directas contra estas redes.

El Departamento de Estado describió al Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, como una “organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros” cuya principal fuente de ingresos es el narcotráfico, utilizado para financiar “ataques terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, personal militar y civiles en Colombia”. Esta designación se produce en un momento tenso en las relaciones con Colombia y en medio de diálogos de paz entre el grupo y el gobierno de Gustavo Petro.

De manera similar, la administración ha clasificado a los seis principales cárteles mexicanos como FTO, una medida vinculada a la declaración del fentanilo como “arma de destrucción masiva”. La designación como FTO tiene amplios efectos legales, permitiendo a EE.

UU. congelar activos, procesar penalmente a quienes brinden apoyo material a estos grupos y, crucialmente, abre la puerta a ataques militares en el extranjero, como los ya ejecutados contra presuntas “narcolanchas” en el Caribe.

Esta estrategia redefine el combate al crimen organizado transnacional como una guerra contra el terrorismo, permitiendo una respuesta militarizada que antes estaba reservada para actores no estatales con motivaciones ideológicas.