A partir de ahora, los permisos se restablecerán a una “evaluación caso por caso, tal como lo dispuso el Congreso”. Según el gobierno, los programas FRP presentaban fallas de seguridad debido a una “verificación insuficiente” que era aprovechada por “actores malintencionados y fraudulentos”.

Esta acción se enmarca en la política de mano dura migratoria de la administración Trump, que busca reducir tanto la inmigración irregular como las vías legales de entrada al país. Los programas para Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras habían sido implementados en 2023, mientras que los de Cuba y Haití databan de 2007 y 2014, respectivamente. La cancelación de estos permisos representa un golpe significativo para miles de familias que esperaban reunirse en Estados Unidos a través de este mecanismo.